La ley indica que no se podrá negar el derecho de admisión a aquellas familias que presenten deudas producto de la crisis sanitaria del Covid-19.
Ante la incertidumbre sobre el cúmulo de deudas a nivel educativo a lo largo del país, la iniciativa pretende que los colegios particulares subvencionados y particulares pagados elaboren medidas de repactación de las cuotas en el año escolar 2020, y la reprogramación de aquellas que estaban pendientes antes del mes de marzo 2020.
Lo anterior tiene como finalidad garantizar la continuidad del período educativo. Por esta razón, se considerará la situación económica de los apoderados que se encuentren acogidos al seguro de desempleo o que presenten una rebaja de sus ingresos de al menos un 30% en comparación al año 2019.
La ley establece la reorganización en cuotas, pero no se podrá generar multas, intereses o moras mientras que los ingresos de la familia se mantengan disminuidos. En otras palabras, esta repactación no pretende generar un sobrecargo financiero para el apoderado. Además, no se aceptará un reajuste si este implica un aumento igual o superior al doble pago mensual, ya que se apela al criterio de racionalidad y proporcionalidad en el pago de lo adeudado.
Finalmente, los alumnos que se acojan a este plan podrán asegurar su permanencia en el establecimiento educacional durante el año escolar 2021 sin que sean discernidos para la renovación de su matrícula. Por su parte, los sostenedores educacionales tendrán un mes de plazo luego de la promulgación de ley para elaborar estas medidas extraordinarias. Según los incisos tercero y cuarto del Art. 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, del 2009 del Ministerio de Educación, los establecimientos educacionales podrán ejercer acciones de cobro una vez que finalice la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) debido al Covid-19.
